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Atenco, probadita de tribunales extranjeros contra México

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El gobierno mexicano desdeñó las advertencias
06 de Octubre 2016
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A pesar de que hubo avisos de que las denuncias contra México por la represión en Atenco en el 2006 estaba caminando en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno mexicano desdeñó las advertencias. Sin embargo, el asunto ya pasó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se enjuiciará al gobierno del Estado de México y dictarán sentencias que podrían ser referentes para futuras acusaciones.

En mayo del 2006 la policía del Estado de México aplicó la fuerza contra grupos de resistencia civil, arrestó a decenas de manifestantes y mujeres detenidas denunciaron violaciones y agresiones sexuales y de represión. El asunto estuvo caminando por los senderos internacionales hasta que la semana pasada el The New York Times lo registró con fotos y testimonios en su primera plana.

De lograr una sentencia contra México en la Corte IDH, el precedente podría ser usado por denuncias en casos similares: los familiares de los normalistas de Ayotzinapa y los grupos agredidos en Nochixtlán. El problema que enfrenta el gobierno mexicano radica en la argumentación de que el uso de la fuerza contra movimientos sociales es persistente y, por tanto, configuraría una imagen de sistema represivo.

La conclusión de la Comisión IDH sobre Atenco y el traslado del expediente a la Corte IDH implica una severa condena internacional a México por la violación de derechos humanos e implicaría no sólo el pago de indemnizaciones, sino sobre todo el castigo a los policías señalados como agresores. Asimismo, reconocería el incumplimiento mexicano de las reformas comprometidas con los organismos internacionales sobre respeto a los derechos humanos.

El caso Atenco se sumaría a otros juzgados por la Corte IDH –el caso Radilla y el caso del campo algodonero, entre otros– que revelan que en México se siguen las prácticas de represión del activismo político. El caso Radilla puso en México a debate el tema de las desapariciones de personas por razones políticas.

El problema de Atenco tiene que ver con el hecho de que en el 2006 era gobernador del Estado de México el actual presidente de la república y que el caso fue investigado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con conclusiones de represión. Por si fuera poco, la Suprema Corte mexicana determinó que sí hubo violaciones de derechos humanos. Sin embargo, las instancias gubernamentales han pospuesto las reparaciones de daños y los castigos a los policías agresores. Y la internacionalización del conflicto involucró a Amnistía Internacional.

El caso Atenco, paradójicamente, comenzó con el retiro forzado de vendedores de flores en un mercado de Texcoco y terminó en batalla campal en la que policías fueron llamados para rescatar a policías. La escalada de violencia produjo cuando menos diez violaciones a derechos humanos. Y el asunto se ventila en la Corte IDH, que mostrará a México como un país represivo y provocará que otros casos similares vayan a tribunales internacionales.

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