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Partidocracia en tribunal electoral, Suprema Corte, cómplice

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Al final la partidocracia en el Senado votó en función de un reparto de parcelas de poder.
26 de Octubre 2016
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La intervención de la Suprema Corte de Justicia en el examen de los aspirantes a magistrados electorales federales fue vendida como un mecanismo de transparencia política, pero al final la partidocracia en el Senado votó en función de un reparto de parcelas de poder: tres magistrados para el PRI, dos para el PAN, uno para el PRD y uno para la oposición.

El proceso de selección de magistrados electorales que calificarán las próximas elecciones fue, en sentido político, un fracaso; de hecho, constituyó regreso a la parcialidad de los organismos electorales como en los tiempos del viejo régimen presidencialista, sólo que ahora en relación a los intereses de los tres principales partidos políticos. El INE y el Tribunal son una Comisión Federal Electoral tipo Manuel Bartlett en 1988, dominados por el PRI.

Los partidos son parte y jueces de los procesos electorales; en el INE hay una sobrerrepresentación partidista en cuatro espacios: los partidos eligieron a los consejeros, los partidos como tales tienen un asiento como consejeros, los partidos participan como representantes de la Cámara de Diputados y los partidos están como representantes del Senado.

Y ahora el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que juzgará la legalidad de las elecciones y calificará los resultados también cayó en manos de los intereses de los partidos. El PRI, como siempre, tiene más magistrados electorales y éstos van a responder, por muy conciencia jurídica que tengan, a los intereses del PRI.

El problema de la estructura electoral ha radicado en la presencia de los partidos como partes y jueces del proceso electoral. En el actual Instituto Federal Electoral –antes IFE– sólo hubo un periodo con autonomía: 1996-2003, cuando el gobierno dejó la presidencia del consejo y cedió todo el manejo a los consejeros ciudadanos. Pero el golpe de la alternancia avalado por el IFE llevó al PRI a retomar el control de los órganos electorales.

En 2003 el consejero presidente Luis Carlos Ugalde fue impuesto en el Congreso por la entonces dirigente priista Elba Ester Gordillo; luego de un interinato, el PRD impulsó a Leonardo Zurita Valdés, pero al final fue copado por el PRI. En 2014, producto de una reforma impulsada por el PAN, el IFE se transformó en INE y se eligió a Lorenzo Córdova Vianello, un académico universitario de la UNAM priista cuya gestión ha estado salpicada por problemas de entendimiento del papel del órgano electoral.

La estructura electoral ha regresado a los tiempos de parcialidad política de la vieja CFE de Gobernación. Sólo que ahora no es nada más el PRI, sino que el PAN y el PRD le han entrado al reparto de las cuotas de poder en la estructura electoral. Los funcionarios electorales son ahora parte de la burocracia del poder partidista. Como en las elecciones de 2006 y de 2012, en las de 2017 y 2018 el aparato electoral responderá a los intereses de los partidos y sobre todo del PRI.

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