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  • Por: Antonio Navalon

    “Más vale tarde que nunca”, es lo que muchos mencionan en ciertos momentos de la vida. Sin embargo, el problema llega cuando esa frase se aplica en la actuación de la justicia, sobre todo cuando tiene que ver con la corrupción política. Y es que, ese tema debe ser muy sensible en dos aspectos.

    Primero, que no parezca un acto más de los procesos electorales. Y segundo, ya que hemos ido descubriendo tantos y tan escandalosos casos en los que se han involucrado personas que han tenido el poder de representar a la nueva generación de los políticos mexicanos, resulta inevitable mirar hacia arriba y preguntar: ¿dónde está fallando el sistema?

    Ahora en nuestro país persiste un sistema administrativo que no sólo ampara la corrupción y la impunidad, sino que produce el escenario más propicio para que en forma de incumplimientos administrativos sea posible utilizar recursos que vienen etiquetados para un fin específico y desviarlos para llevárselos a su bolsillo.

    Aunque eso no sólo pasa en México, hay casos como el de Brasil, donde Dilma Rousseff dejó de ser presidenta no por un robo, pero sí por permitir una aplicación financiera inadecuada para la ley general del Estado.

    Los capítulos más importantes en materia social del presupuesto federal son la educación, la seguridad y la salud, vienen etiquetados y están en manos de nuestros gobernantes. Entonces ¿cómo es posible que desvíen esos recursos que por ley le pertenecen al pueblo?

    En este momento tenemos al menos tres exgobernadores detenidos en el extranjero y en espera de su extradición, uno más en la cárcel y otro prófugo de la justicia, todos ellos representando a alguno de los dos partidos que han gobernado a México en los últimos 87 años.

    Por lo tanto, la gran pregunta es, si persiste este modus operandi por qué no le damos casos a la Auditoría Superior de la Federación y pedimos que no sólo haya recomendaciones o condenas morales, sino que existan consecuencias penales ante la enorme capacidad de desviar los recursos.

    En ese sentido, frente a este fenómeno de corrupción con unas pautas tan claras de comportamiento en las que participamos todos, escapa a mi comprensión por qué resulta imposible por lo menos evitarla o confrontarla hasta que se arregle.

    Tal vez consigamos que hayan condenas para los corruptos, pero lo que realmente me preocupa es encontrar una manera de terminar con el desvío sistémico y con la incapacidad del Estado mexicano para defenderse a sí mismo y evitar ser una presa tan fácil de la especulación, del robo o simplemente del hecho de que los elementos de seguridad ya estén puestos al servicio del crimen.

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